Antonio Dorado Sánchez.
Abogado y politólogo, Asociado Principal en Cuatrecasas. Doctorando en el programa de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos y profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Superior de Derecho y Economía.
El desarrollo normativo y jurisprudencial del derecho de manifestación recogido en el artículo 21 de la CE, así como el avance del Estado de Derecho en nuestro país, ha ido obligando al legislador a ir promulgando sucesivas leyes de seguridad ciudadanas en el sentido de precisar y delimitar las actuaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden desarrollar en este ámbito. Con ello, se ha diseñado un marco jurídico cada vez más
garantista del derecho de los manifestantes frente cualquier otra incomodidad que la propia manifestación pudiera entrañar.
Sin embargo, este esfuerzo normativo y jurisprudencial no se ha visto acompañado del desarrollo de unas pautas claras y sistematizadas a nivel interno mediante un protocolo de actuación que recoja todo ese acervo legal. En este artículo se analizarán los mencionados desarrollos legales y doctrinales para apuntar las bases de lo que podría suponer una regulación de la materia.
