María Elena Cervantes Román, Abogada.
La crisis sanitaria originada por el Covid-19 ha afectado gravemente la economía
de miles de familias. En concreto, la reducción sustancial de los ingresos provocada
por la pandemia ha llevado a que muchos arrendatarios de vivienda habitual hayan tenido
dificultades para cumplir con sus obligaciones. El Gobierno, con tal de intentar paliar la situación
de vulnerabilidad en la que se encontraba un numeroso colectivo, ofreció una serie de
ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que ha sido objeto de
consecutivas prórrogas en cuanto a su vigencia. A fecha de redacción del presente artículo
se ha publicado la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, cuyo contenido
esencial será objeto de análisis, especialmente en lo que afecta al tema estudiado.
